Salta

Se encuentran «cajoneadas» las causas de corrupción contra Ramos y Corimayo

Están paralizadas en la Justicia hace 18 años. Son frondosas causas de dos ex intendentes por sumas superiores al medio millón de pesos en años en que la moneda nacional estaba equiparada al dólar.

Este caso salió a flote a fines de la semana pasada, cuando se conoció el fallo dictado por los jueces Olga Calitri, Leopoldo Schiffrin y César Alvarez de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, tribunal que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción.

En esta resolución, en la cual los magistrados rechazaron una serie de planteos en torno a un caso de corrupción, en el cual estaba implicado el extinto juez federal 4, Julio César Miralles, abogados y un médico, quienes son investigados por una maniobra fraudulenta para aprovecharse de una mujer que buscaba extraer sus depósitos en la época del corralito financiero.

Los camaristas reconocieron graves falencias de la Justicia, como así también avanzaron y decidieron declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, agravante que sólo era aplicable en los casos en que el imputado era funcionario público.

Conocido el fallo, de más de 90 fojas, en la ciudad judicial todos los magistrados y funcionarios consultados respecto a lo novedoso de este fallo no dudaron en reconocer, al igual que sus colegas de la Cámara Federal de La Plata, el fracaso judicial al momento de combatir la corrupción.

Y, todos, dieron como ejemplo local la causa que tiene como imputados a los ex intendentes de Rosario de Lerma y Cerrillos, Sergio “Topo” Ramos y Rubén Corimayo, quienes arrastran un proceso penal desde el año 1999, cuando surgieron las primeras denuncias penales en contra de ambos ex intendentes y otros funcionarios de sus municipios por hechos de peculado y malversación de caudales, en sumas de más de 700 mil pesos.

La causa tiene un trámite de más de 15 años, sin que la Justicia provincial haya podido llevar a los dos ex jefes comunales a juicio oral y público. Aunque existen en el expediente varios fallos que propiciaron, tanto el procesamiento penal de Ramos y Corimayo como la elevación a juicio de la causa, el trámite judicial sigue estancado.

Desobediencia judicial

El año pasado, en noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió intervenir en esta causa, cuando una apelación del fiscal ante la Corte, Alejandro Saravia, impidió que la causa fuese declarada prescripta a instancia de una resolución de la Corte de Justicia de la Provincia, la cual hacía lugar a un pedido de los defensores de Ramos y Corimayo, quienes reprocharon el letargo judicial que ellos mismos propiciaron con planteamientos de recursos.

Fuente: Nuevo Diario