Salta

Por aplicación del beneficio de la duda Diego Barreto recuperó su libertad

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio dictaron sentencia, con votación en disidencia, en la causa contra exfuncionarios y exempleados de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat y “punteros” políticos.

En primer lugar, y por unanimidad, Roberto Martín Nellessen resultó absuelto por haberse retirado la acción penal que pesaba en su contra. Estaba acusado de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas (1 hecho).
En ese mismo sentido, Víctor Diez Tizón, fue absuelto del delito de asociación ilícita por el que había llegado acusado al juicio, por aplicación del beneficio de la duda.
Por otro lado, y con voto mayoritario de los jueces Ángel Amadeo Longarte y Bernardo Ruiz (en disidencia votó la jueza María Victoria Montoya Quiroga), Diego Nicolás Barreto, fue absuelto de los delitos de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, por aplicación del beneficio de la duda. Recuperó su libertad una vez finalizada la audiencia.
Esteban del Corazón de Jesús Clemente también fue absuelto por el beneficio de la duda de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real por los que había llegado acusado al juicio. También recuperó su libertad.
Marcela Martínez fue absuelta de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real, por aplicación del principio de la duda, “in dubio pro reo”.
Por último, Nelson Horacio Salazar, fue absuelto por el beneficio de la duda de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real por los que había llegado acusado al juicio.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte (presidente), María Victoria Montoya Quiroga y Bernardo Ruiz (vocales).
La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.