Conocé las claves

Nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo

A continuación, una explicación clara y concisa sobre los anuncios del nuevo ministro de Salud de la Nación y la situación de Salta.

El protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, ILE, fue actualizado ayer por el ministro de Salud de la Nación. El mismo protocolo, había sido publicado para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Con las modificaciones realizadas en el Código Civil y Comercial de 2015 se incluyeron derechos que no estaban en aquel protocolo. “Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado. Una de las razones es que la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, como la medicación que se utiliza”, dijo durante la presentación Ginés Mario González García, ministro de Salud de la Nación.

“Hay que dejar en claro que el reclamo del aborto legal y este protocolo son dos cuestiones diferentes. La ILE ya es legal con las causales que marca la Ley: que toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; cuando representa un peligro para la salud de la persona gestante o bien; cuando proviene de una violación -se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial-”, dijo la doctora Macarena Villena.

Es el Poder Ejecutivo es el responsable de adherirse a este nuevo protocolo. En Salta, Juan Manuel Urtubey adhirió al protocolo en mayo de 2018 por lo que en la Provincia debería implementarse este nuevo protocolo. En aquel momento recibió duras críticas, inclusive monseñor Mario Bernacky le escribió una carta que hizo pública: “Ahora se expone la vida humana a la lotería de voluntades mezquinas”, decía.

Ayer, la nueva ministra de Salud, Josefina Medrano, aseguró que Salta se adherirá al protocolo. “Vamos a respetar la ley”, dijo en una entrevista con Fm Noticias y remarcó: “entendemos que ni los niños, ni las madres deben morir y que no debe haber niñas madres”.

Las claves del procolo ILE

Se evaluará cada caso particular de aplicación de ILE entre las personas gestantes de entre 13 y 16 años. Ellos podrían dar su consentimiento siempre y cuando no haya un riesgo para su vida. Esto dependerá del método sugerido. Por ejemplo, si hubiese un acto quirúrgico el menor debería estar acompañado por un adulto.

Las personas gestantes de 16 años y mayores, pueden dar su consentimiento para acceder a la ILE sin autorización de los padres.

Que los menores no estén acompañados de un adulto no debería ser una negativa para la atención y acceso a la ILE.

La persona solicitante debe firmar un consentimiento en donde indique que recibió correctamente la información y tomó una decisión en forma autónoma, libre de presiones y conociendo las posibilidades y riesgos de interrumpir el embarazo que cursa. Si la causa es originada por una violación, la persona debe realizar una declaración jurada en la que la paciente exprese haber sido víctima de un hecho de ese tipo. No es necesario detallar hechos ni haber realizado una denuncia policial o judicial.

Las instituciones y profesionales de la salud deben brindar información y orientación a las personas amparadas por el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Para realizar la ILE se podrán utilizar el tratamiento con misoprostol (incluida la provisión de la medicación y las indicaciones de uso) o la AMEU (aspiración manual endouterina), según lo indicado por el médico y teniendo en cuenta cada caso particular. El profesional deberá explicar todos los pasos relacionados al procedimiento, brindándole los consejos sobre higiene y cuidados.

El protocolo aclara que la objeción de conciencia es individual, no institucional. Esto significa que son las personas las que deben dar a conocer su postura mientras que la institución debe garantizar el acceso a la ILE.

Una vez solicitada la ILE, la institución médica debe prever que no transcurran más de 10 días para realizar la intervención.

El dato:

Según la organización Economía Feminista, once de las 24 provincias argentinas adhirieron al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Salta es una de ellas junto con Jujuy, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. San Luis adhirió en octubre de 2018, pero no se encontró aún la resolución oficial.

Otras seis dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro: Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que son siete las provincias que no cuentan con normativas propias ni adhieren al protocolo elaborado por Nación: Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca.

Fuente: LaGaceta

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