Justicia

Los delincuentes que emitían facturas truchas y saqueaban al estado serían juzgados por la Justicia Federal

La Fiscalía provincial rechazó el oficio de la causa Huergo

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, devolvió el oficio y la resolución de la causa del empresario Matías Huergo al juez federal N§1 Julio Bavio. «No se encuentra firme y consentida», argumentó sobre la declaración parcial de incompetencia que había resuelto el magistrado.

«En caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por usted, se vulneraría el principio del «ne bis in idem’, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes», expuso Guzmán en el escrito, fechado el 16 de mayo, aunque recién se conoció ayer.

Bavio había resuelto girar el oficio y la resolución que firmó el 9 de mayo al Ministerio Público de Salta para que se investiguen posibles fraude al Estado, coimas, negocios incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. Según la investigación de la AFIP y del fiscal Ricardo Toranzos, estos delitos se habrían cometido a través de maniobras entre contratistas del Estado y funcionarios públicos.

En la Justicia federal, por cierto, solo avanza desde la semana pasada con declaraciones a implicados, la parte de evasión impositiva de la causa. Toranzos apeló la declaración parcial de Bavio, pero aún no fue resuelta por la Cámara Federal. El fiscal quiere que no haya división del expediente y que quede en la Justicia Federal, ya que considera que detrás hay una asociación ilícita que no solo evadió impuestos sino que buscó quedarse con fondos públicos. Sospechan que se utilizaron empresas de Huergo como Secsa y Arcadio a través de la emisión de facturas apócrifas.

Si la decisión de la Justicia federal quedara firme y se desdoblara la causa, la fiscal consideró «correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial». «Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado», sostuvo.

El juez de Garantías, con vista al Ministerio Público Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso.

Guzmán remarcó que «si bien el fiscal es el encargado de promover la actuación en la justicia es el juez el que tiene el ejercicio de la jurisdicción, siendo improcedente la resolución por quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, resuelva por sí una cuestión propia de la jurisdicción».

El 13 de mayo, el juez Bavio ordenó la detención de Huergo, ya que se sospecha que es el cabecilla de la asociación ilícita. El martes, el empresario declaró y negó los cargos.

Desde hace un año la AFIP comenzó una compleja investigación para detectar si las empresas de Huergo evadían impuestos. En las escuchas telefónicas que se le hicieron, se nombran a algunos funcionarios como el actual director de Aguas del Norte, Sebastián Gomeza. De la notebook de Arcadio que se secuestró en enero se recuperaron planillas de supuestos pagos ilegales a funcionarios que fueron borradas. Según consta en la resolución judicial, figuran pagos para el exsecretario de Hacienda Pablo Gauffín, el actual subsecretario de Obras Públicas, Francisco Agolio; el director de Obras Eléctricas, Miguel Uraga, y el director de Concursos de Precios y Licitaciones de Obras Públicas, Marcos Rizzotti.

Además de allanamientos a casas y estudios jurídicos-contables, la Justicia requirió información a la Municipalidad, Aguas del Norte y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, en enero y abril.

Fuente: EL Tribuno

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