Argentina

Lázaro Báez, a juicio por el lavado de más de 60 millones de dólares

La elevación no incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no fue citada en este expediente.

 

 

Báez cuenta con tres procesamientos por lavado de dinero, en tanto que sus cuatro hijos están acusados por el mismo delito: una de las acusaciones es por haber recibido dinero de la obra pública durante el kirchnerismo.

 

Finalmente el juez Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral la causa de la ruta del dinero K, aunque decidió no incluir a la ex presidente Cristina Kirchner, algo que podría ocurrir en el futuro.

 

Hace dos días, la Oficina Anticorrupción y la UIF habían ratificado el pedido para que la Justicia indague a la ex mandataria, mientras que un mes atrás la Cámara Federal le reclamó a Casanello que decida si llamaba a indagatoria a la actual senadora por Unidad Ciudadana.

 

El magistrado por el momento descartó estas solicitudes y este viernes puso su firma en un escrito que eleva el caso a juicio, en el que deberán comparecer 25 personas, y fija embargos que llegan a los 10.500 millones de pesos.

 

Los procesados que serán juzgados son el empresario patagónico Lázaro Báez, sus cuatro hijos -Luciana, Leandro, Melina y Martín-, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi.

También Carlos Molinari, Daniel Alejandro Bryn, César Gustavo Fernández, Alejandro Ons Costa, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrota, Santiago Carradori, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo César Larrea, Walter Adriano Zanzot, Mario Lisandro Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri y Sebastián Pérez Gadín.

 

En esta causa, Báez, Pérez Gadín y el abogado Chueco están procesados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como ‘La Rosadita‘.

Se investigaron maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado Nacional.

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