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Las provincias planean tomar deuda por más de US$ 4.500 millones

Salta aspira a colocar un bono por US$ 250 millones, que destinará especialmente a proyectos de infraestructura en municipios. El Gobierno Nacional será el árbitro del endeudamiento de las provincias, que necesitan de su aval para concretar cada operación. El criterio que se impone a priori es claro: dependerá de la situación de las cuentas públicas de la jurisdicción y la afectación específica.

Cerrado el capítulo con los fondos buitre y con el anuncio de la salida del default,  se vislumbra el regreso del Gobierno al mercado de capitales: ahora son las provincias quienes quieren probar suerte en el exterior para tomar deuda y de ésta manera paliar momentáneamente la grave crisis que están pasando. Por lo menos once distritos evalúan hacer colocaciones este año que, en total, podrían superar los 4500 millones de dólares.

La búsqueda de financiamiento externo va a tono con los nuevos tiempos: la Casa Rosada avisó a los gobernadores que en adelante deberán hacerse cargo de una porción de las obras públicas que antes solventaba por completo la Nación.

Los mandatarios miden las opciones después de los US$ 16.500 millones que consiguió Mauricio Macri a una tasa promedio de 7,2% para pagar a los holdouts y cerrar el litigio luego de catorce años. Algunos están avanzados en el proceso, otros aguardan que el interés se planche más.

El primero en salir a la caza de billetes verdes post default es Juan Manuel Urtubey. El salteño está en Nueva York, con una agenda cargada que incluye el Consejo de las Américas y reuniones con fondos de inversión durante tres días. Su intención es mostrar los resultados de las gestiones antes de su vuelta al país, el jueves, con el objetivo de colocar un bono por US$ 250 millones que destinará especialmente a proyectos de infraestructura en municipios.

Con la esperanza de revertir la curva, los gobernadores parten de un diagnóstico crudo. A la caída general del consumo y los conflictos locales, le suman que las arcas provinciales sufren por reformas que impactan en la masa de coparticipación, es decir, la torta de impuestos que se reparte automáticamente a las provincias.

La modificación del mínimo no imponible de ganancias y el efecto en el fondo sojero por la baja de retenciones a los granos implicaron una merma. También repercutirá, cuando se apruebe en el Congreso, la reducción del IVA para sectores vulnerables.

En esa ecuación negativa, la tregua que sellaron los caciques peronistas y la Casa Rosada está atada a que pronto se haga realidad la devolución del 15% de fondos coparticipables, que durante más de dos décadas se descontaron para financiar la seguridad social. La negociación está abierta y significará para este año la restitución de 3% en efectivo, más otro 3% en un títulos. Esa compensación sirve como mucho, para contrarrestar lo que se quitó por otro lado. El dilema de la sábana corta.

El Gobierno será el árbitro del endeudamiento de las provincias, que necesitan de su aval para concretar cada operación. El criterio que se impone a priori es claro: dependerá de la situación de las cuentas públicas de la jurisdicción y la afectación específica.

Una de las más urgidas por emitir un bono de US$ 300 millones es la administración de Gustavo Bordet. El entrerriano, que tiene luz verde oficial, emplearía los recursos para sostener obra pública y para cancelar las letras en pesos que hace frecuentemente en el mercado local, a un costo alto. «La idea es saldar esa deuda», explicaron cerca del gobernador.

La alternativa de tomar crédito, en moneda extranjera o local, como siempre debe contar con autorización de las legislaturas. En una señal de ida y vuelta, más de una vez tuvo que meter la mano el Gobierno para allanar el camino en distritos del PJ. Lo sabe el chaqueño Domingo Peppo, que transpiró largo rato hasta que le aprobaran el miércoles pasado un proyecto de ley que lo habilita a endeudarse por 4000 millones de pesos. Debió interceder el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que los radicales aseguraran la «gobernabilidad» que el macrismo pide a nivel nacional. Esa plata será para sostener la construcción y pagar un juicio millonario a empleados judiciales.

El grupo de provincias de Cambiemos también se anota. Buenos Aires, de hecho, se anticipó al Gobierno un mes, y colocó US$ 1250 millones. Tiene pensada otra emisión para el segundo semestre. En la Capital, Horacio Rodríguez cuenta con aval para US$ 500 millones para obras y solicitó otros US$ 160 millones esta semana para hacer la Villa Olímpica en Soldati. Y Mendoza piensa en colocar unos US$ 500 millones. Gerardo Morales, en Jujuy, consiguió el jueves que le habiliten más de 3000 millones de pesos, aunque si hay chance se inclina al financiamiento nacional.

El resto de las que se preparan son: Neuquén (US$ entre 240 y 280 millones); Córdoba (US$ 1094 millones); Chubut (US$ 650 millones) y Santa Fe (US$ 500 millones). «Queremos en mayo o junio estar listos para emitir. Pero podemos manejar los tiempos esperando una buena tasa», dijo el ministro de Economía santafecino, Gonzalo Saglione.

Aunque se verá sobre la marcha, la carrera por los dólares pica en punta. Un informe de la consultora Elypsis prevé recursos financieros para 2016 de hasta US$ 50.000 millones, contando la colocación que ya realizó la Casa Rosada, las que estiman harán las provincias, un cupo de organismos internacionales y, entre otros, las emisiones corporativas.

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