Argentina

La resolución judicial más trascendente del año

El fallo de los jueces Hornos y Riggi por el que se ordenó la inmediata prisión preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián de Souza puso las cosas en su lugar

Para la mayoría de la sociedad que quiere una República libre de corrupción, fue una gran noticia. Los medios de propaganda y de defensa del régimen que dominó el Estado doce años estaban que ardían. El fallo de los jueces Gustavo M Hornos y Eduardo Riggi por el que se ordenó la inmediata prisión preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián de Souza puso las cosas en su lugar.

Con fundamentos jurídicos serios y profundos restituyó la calificación jurídica de administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública, es decir en perjuicio de todos. Se descartó así la de retención de tributos que les podría haber permitido la extinción de la acción penal mediante un régimen de pagos.

Pero además de enviar a prisión otra vez a ambos, con argumentos claros de riesgos procesales y de intentos de evitar la realización de la justicia elevó el embargo a 17 mil millones de pesos dirigido a la recuperación del formidable daño causado al conjunto de la sociedad.

Se destacó que Oil Combustibles -y por ende sus dueños, beneficiarios finales de esa sociedad- recibió un trato diferencial por parte de la AFIP, organismo recaudador, conducida en ese momento por Ricardo Echegaray, quien por acción u omisión hizo posible que la firma de López y De Souza se beneficiara indebidamente con facilidades de pago que luego no cumplió.

En ésta línea, Hornos dijo que no se puede tener una mirada ingenua y sesgada sobre hechos de corrupción. Hay que ver la completa dimensión y gravedad de las conductas juzgadas. El caso se trató de una compleja y sistemática maniobra defraudatoria. Señaló que la corrupción amenaza la estabilidad y la seguridad de la sociedad, socava las instituciones y los valores democráticos, la ética y la justicia; y compromete el desarrollo sostenible del país y el imperio de la ley.

Estableció que esta maniobra entraña uno de los hechos de corrupción más graves de la historia, que debe ser juzgado con la rigurosa eficacia que exigen los compromisos internacionales. También resaltó el Presidente de la Sala I, que el Estado debe recuperar los activos mediante todas las medidas para garantizarlo. Esa restitución de lo defraudado, Hornos lo llamó recuperar el equilibrio perdido por el delito.

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