Devuelvan lo robado

“La Justicia tiene las herramientas para recuperar los bienes robados por políticos corruptos”

Nuestro País se enfrenta hoy ante una oportunidad extraordinaria para colaborar con esta
labor judicial, a través de la normativa instrumentada en el DNU 62/19, que regula una Acción
Civil de carácter patrimonial y que deriva en la pérdida del derecho de propiedad sobre un bien
que es producto de actividades ilícitas, el que pasa a manos del Estado, y que se inicia al existir
sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, en cuyo caso el Estado cuestiona su
titularidad cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su propietario,
poseedor o tenedor.
Es la primera herramienta argentina de litigio para combatir a fondo la corrupción; los
delitos contra la Administración Pública; los que afectan la salud de la población como el
Narcotráfico; los que ocasionan un grave deterioro de la moral social, como la trata de personas;
el terrorismo, entre tantos otros.
Se instrumenta a través de una Acción Civil de contenido patrimonial que tramita por vía
del proceso sumarísimo, promovida por la Procuraduría creada al efecto, debiendo adjuntarse
con la demanda copia de la Medida Cautelar dictada por el Juez Penal competente (por la
presunta vinculación de los bienes cautelados con la comisión de los delitos enumerados) siendo
dable destacar que para dictar una cautelar el magistrado interviniente debe analizar la
verosimilitud del derecho, ,esto es que exista una fuerte presunción de que las razones invocadas
por el actor sean ciertas; además del peligro en la demora, o sea la posibilidad que el bien vaya a
desaparecer al tiempo de dictarse la sentencia definitiva, exigiéndole al requirente de la medida,
caución suficiente para el supuesto de que la misma pudiere ocasionar algún perjuicio o fuera
pedida sin derecho.
La demanda civil que procura la restitución de los bienes mal habidos, con una vigencia
retroactiva de 20 años, se promueve ante la justicia federal en lo Civil y Comercial, en la que se
abre una investigación con el objeto de indagar la ubicación Y localización de los bienes , además
de determinar si el patrimonio del demandado tiene origen lícito, asegurándose su derecho de
defensa, toda vez que se le permite deducir una excepción de previo y especial pronunciamiento
cuando acredite en forma fehaciente que el bien se incorporó a su patrimonio con anterioridad a
la fecha de la presunta comisión del hecho investigado o, demostrar el origen lícito de los fondos
con los que lo adquirió.
Como se observa, el régimen de extinción de dominio está sujeto a una doble
investigación, una por la justicia criminal en donde se debe examinar si prima facie existen
elementos incriminatorios para sustentar la medida cautelar y otra por el fuero civil cuya
finalidad es restitutoria y resarcitoria, por cuanto procura recuperar bienes, derechos, u otros
activos que provengan de actividades ilícitas.
Este instrumento normativo introduce un agregado al art. 1907 del Código Civil y Comercia
de la Nación, con el objeto de reconocer a la sentencia firme que se dicte en esta Acción Civil,
como uno de los modos de extinguir el dominio.
El Decreto entró en vigencia el 22 de enero de 2019, lo que implica que, a partir de esa
fecha quien sea titular de un bien sospechado de ser obtenido por un delito grave, tendrá que
justificar su origen lícito, si así no ocurriera, se pueden activar los mecanismos del régimen de
extinción de dominio, que empieza su diez a quo a partir de la adquisición del bien y no desde
que se comete el delito.
En torno a la constitucionalidad o no del Decreto, se alzaron voces que trasuntan
posiciones enfrentadas.
El art. 99 de nuestra Constitución Nacional establece que: El Poder Ejecutivo no podrá
emitir disposiciones de carácter legislativo. Sólo cuando circunstancias excepcionales hicieren
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.
Los sucesos acaecidos en el Congreso, en torno a esta temática de tanta trascendencia,
abonan las razones que justifican su dictado.
En efecto, el proyecto de extinción de dominio estuvo desde el año 2016 en el Congreso
con idas y venidas de una Cámara a la otra, no evidenciándose durante todo este tiempo una

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clara voluntad de los legisladores para lograr acuerdos con potencialidad suficiente que
concreten su sanción, tampoco demostraron interés en continuar con el tratamiento legislativo,
no alcanzándose a comprender los reales motivos de esta prolongada reticencia, lo que pone de
manifiesto la ineptitud de los trámites ordinarios para la sanción de la ley, siendo que ello
requería celeridad, no solamente por el paulatino deterioro que por el paso del tiempo van
sufriendo los bienes incautados, sino también por el costo que irroga al Estado, ya que, además
de sufragar los gastos que demandan su mantenimiento (alquiler de galpones, pago de servicios,
etc.) debe afectar personal de las fuerzas de seguridad para su custodia, impidiéndose así la
prestación de sus funciones específicas, a lo que se añade que el transcurso del tiempo atenta
contra la posibilidad de recuperarlos, facilitándose con ello su ocultamiento o desaparición, lo
que podría configurar responsabilidad legislativa por omisión.
Desde otra óptica, es preciso destacar que este instrumento no regula en modo alguno
materia penal, por el contrario, la Acción Civil restitutoria que en él se instrumenta, resulta ajena
a dicha materia, ya que consiste en un proceso autónomo e independiente de cualquier otro
juicio. Opera de igual modo que una demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito
que tramita en sede civil y sólo se vincula con el proceso penal para determinar la culpabilidad
del autor de daño, pero ello no convierte en materia penal los perfiles civilísticos del reclamo
reparatorio.
Al tener naturaleza civil la Acción de Extinción de dominio, no resulta aplicable el principio
de irretroactividad de las leyes que rige en la órbita del derecho penal, debiendo tenerse
presente lo dispuesto por el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación.
No se vulnera de ninguna manera el derecho de propiedad que nuestra Ley Fundamental
resguarda en su art. 17, por cuanto el dominio no es absoluto, tiene límites y restricciones legales
y debe ser ejercido conforme a las leyes que reglamenta su ejercicio, lo que no ocurre con los
bienes mal habidos en tanto tienen origen ilícito. Resultando por ende ilegítimo, arbitrario e
ilegal el modo en que se adquirió el dominio.
Tampoco se infringe el derecho a la igualdad, conforme lo estatuido por el art. 16 de la
Carta Magna en tanto expresa que, todos los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante
la ley, por el contrario, con este régimen se trata de restablecer la igualdad, por cuanto se
aplicaría por igual a toda persona que ha cometido alguno de los delitos que se indican en la
normativa, sin que puedan ampararse en ninguna inmunidad. Siendo oportuno resaltar que, el
derecho a la igualdad se fractura a partir de los privilegios (fueros e inmunidades) prohibidos por
nuestra Constitución.
Por otra parte, cabe advertir que los poderosos tienen acceso privilegiado a los espacios
públicos, que les permite expresarse y defenderse de un modo que es inaccesible para cualquier
ciudadano.
Es preciso resaltar que esta normativa se basa en regulaciones internacionales, como la
Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención contra la Delincuencia, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en las cuales los Estados parte acuerdan
mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes productos del delito.
Siendo dable recordar que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho
interno para incumplir con las disposiciones de una Convención o Tratado Internacional al que
adhirió.
No debemos pasar por alto que, en oportunidad de instaurase en nuestro sistema legal la
figura del enriquecimiento ilícito, los garantistas también levantaron sus voces críticas. Esta figura
implica que, el funcionario público que se enriqueció de modo notable queda obligado a
demostrar que su incremento patrimonial no fue logrado por medios ilícitos, invirtiéndose así la
carga de la prueba, esto es, se presume la culpabilidad del funcionario, la misma presunción
debe aplicarse en la Acción Civil, por cuanto tiene por finalidad obtener la extinción de dominio
de bienes, derechos u otros activos que se hubieren obtenido de manera injustificada,
provocando un enriquecimiento sin causa lícita, por lo que al invertirse el onus probandi y al no
tener estirpe penal el régimen de extinción de dominio se diluye la aplicación del principio
indubio pro reo.
El enriquecimiento ilícito fue el primer intento importante para enfrentar la corrupción
promovido por el gobierno del Dr. Arturo Ilia.
Lo que se pretendió hacer entonces fue quebrar la valla de impunidad que la cúpula del
poder político y económico vino edificando durante años para lograr su propio blindaje.
Pero ello sólo no bastaba, ya que la única manera de luchar integralmente contra el
crimen organizado y la corrupción, es privar a sus autores de los bienes mal habidos, y del dinero

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producto del delito, por cuanto la magnitud de los recursos que manejan les permite comprar su
impunidad.
Todo ello requiere de los legisladores un esfuerzo más decidido y consistente por respetar
y hacer respetar la ley, garantizar la transparencia y castigar las violaciones a la ética pública, con
ello se trazará un cambio cultural profundo y duradero
La corrupción es un flagelo que afecta de igual modo al ámbito privado como al sector
público, representando un perjuicio estructural, tanto al patrimonio y recursos estatales, como al
conjunto de los argentinos por la consecuente privación de distintas prestaciones del Estado para
con la sociedad.
El plan sistemático que se usó para el saqueo de los recursos del Estado trajo como
consecuencia que los sobreprecios y los retornos fueran el equivalente a los hospitales, obras de
infraestructura para evitar inundaciones, cloacas, agua potable, escuelas, caminos, puentes,
viviendas que faltan en nuestro país, lo que pone en evidencia la magnitud del daño ocasionado a
todos los argentinos, por lo que la ciudadanía en pleno debería exigir su devolución.
Los sobornos explican también parte del déficit presupuestario. Según lo manifestó la ex
presidenta ante la justicia, la inversión en obra pública alcanzó en los 12 años unos U$S107.000
millones; por su parte Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción) en su
confesión judicial declaró ante el juez que las obras públicas debían tener un retorno del 20%
(para gastos políticos), tenemos así que el porcentaje de las coimas alcanzó los U$S 21.400
millones, al tipo de cambio actual (con un dólar a 38,50) llevaría esa suma a $ 823.900 millones, lo
que revela que ese monto, que habría entrado en el circuito de los sobornos, impactaría hoy
fuertemente en la economía del país.
Si ese dinero se encontraría en la actualidad dentro de las arcas del Estado, no tendría la
misma intensidad el fuerte ajuste fiscal de $ 300.000 millones que debe hacer el gobierno este
año para dar cumplimiento con las metas del déficit fiscal que acordara con el FMI para el 2019,
que actualmente es del 2,7% del PBI, lo que representa $365.000 millones, debiendo ajustarse el
rojo fiscal al 1,3% esto es la cifra de $175.000 millones, con una inflación calculada en un 17%, y
el incremento previsto en las jubilaciones y los planes sociales .
Cabe tener presente que el ajuste fiscal recae sobre todo un pueblo, implicando múltiples
sacrificios individuales, repercutiendo sobre todo en las clases más vulnerables y de escasos
recursos, que carecen de lo mínimo indispensable para una subsistencia digna.
También son responsables de esta penuria de los argentinos quienes expandieron el
clientelismo para ganar elecciones, promoviendo jubilaciones sin años de antigüedad ni aportes,
subsidios a la energía, transporte gratuito, otorgamiento descontrolado de planes sociales sin
indagar las reales necesidades de sus beneficiarios, incremento desmedido del personal nacional,
provincial o municipal, cuyo número aumentó entre los años 2003 a 2016 de 2,3 millones a 3,6
millones, lo que representa un crecimiento del 56%, siendo que la población en ese mismo
periodo aumentó un 20%.
Ante el severo ajuste fiscal que se avecina, nuestros legisladores no pueden permanecer
indiferentes, por lo que es indispensable que orienten la producción normativa hacia leyes que
requieren tratamiento urgente y prioritario, como lo es el régimen de extinción del dominio, lo
que coadyuvará en parte a atemperar el impacto del ajuste, lo que no admite más demoras.
Hoy se requieren consensos y una oposición responsable para hacer de la Argentina un
país normal, previsible y confiable que aliente la llegada de inversores.
Teniendo en cuenta que el recupero de los bienes bajo el sistema de extinción de dominio
se ha establecido en beneficio del conjunto de la sociedad, toda vez que, según reza el articulado
del DNU, el Estado utilizará los ingresos que provengan de ello para políticas públicas, sería justo
y razonable que, con el producido de esos bienes, se haga una equitativa distribución en todas las
Provincias respecto de los servicios a prestarse o de las obras a ejecutarse.
Resulta útil ponderar que un sistema de gestión de los recursos públicos que pretenda
combatir con éxito el crimen organizado y la corrupción, no puede andamiarse sólo en las buenas
prácticas del Ejecutivo; reclama organismos de control fuertes y un Poder Judicial independiente
y decidido, que no intervenga según las fortalezas y debilidades del gobierno de turno.

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