La Corte Suprema de Justicia, a escena

El abogado salteño, Sebastián Aguirre Astigueta, especializado en Derecho Constitucional analiza la reforma judicial lanzada por el presidente de la Nación.

El presidente de la Nación ha lanzado la Reforma Judicial y afortunadamente con ella pone bajo la lupa, entre otras cosas, el perfil institucional y el funcionamiento de nuestro máximo Tribunal de Justicia: la Corte Suprema.

Cabeza de un Poder Judicial desbordado

La Corte Suprema de Justicia no sólo es uno de los tres poderes del Estado que conforman nuestra República, una autoridad de la Nación, un Poder de Gobierno. En lo esencial es el último tribunal para todos los asuntos judiciales en que las personas dirimen sus conflictos, sus decisiones son finales y ningún tribunal del país, las puede revocar. Tanta es su autoridad, que hasta a veces sostiene – para decirlo de un modo simple- que por encima de ella no está ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como obviamente no puede intervenir en todos los asuntos que se litigan en el país, son importantísimas sus líneas jurisprudenciales, sus ideas perennes, la estabilidad de sus criterios, pues así funcionan los importantes Tribunales de Justicia del Mundo, de algún modo bajando una “línea” de pre comprensión, para simplificar la vida jurídica de los denominados “justiciables”.

Sin embargo, en Argentina, pareciera un Tribunal más, atestado de trabajo, dictando fallos en múltiples materias ajenas a lo constitucional, interviniendo en multiplicidad de asuntos que no debieran llegar a su conocimiento, no sin cierta discrecionalidad, – hasta cierta arbitrariedad, se diría-, en el tiempo, el modo y la forma en que acepta los casos y los resuelve.

La descripción exacta es, entonces, que parte del problema reside en que se trata de un Tribunal desbordado, ajeno a la idea fundacional de su funcionamiento y al modelo original que tuvo en miras su diseño (la Corte Norteamericana), librado además al albur, de los ciclos políticos, lo que constantemente la ha puesto en liza.

«Como la Corte Suprema no puede intervenir en todos los asuntos que se litigan en el país, son importantísimas sus líneas jurisprudenciales, sus ideas perennes, la estabilidad de sus criterios, pues así funcionan los importantes Tribunales de Justicia del Mundo, de algún modo bajando una “línea” de pre comprensión, para simplificar la vida jurídica de los denominados “justiciables”».

Un consejo de «notables» para un problema político institucional

Esto es lo que pretende el Presidente poner bajo la reflexión de un Consejo de notables, que buscarán hacer un diagnóstico y propuestas de reforma sustancial, y yo reclamaría, que no sólo ellos sino todos los interesados, los ciudadanos, el común de los mortales, puedan expresar y reclamar por su funcionamiento. Están todos legitimados para opinar.

Decir que la Corte Suprema es también un órgano político, no es ninguna herejía. Sus grandes jueces – algunos grandes sólo en fortuna o en graves desatinos realizados, como Salvador María del Carril, otros excelentes como José B. Gorostiaga-, han protagonizado hechos políticos relevantes de la historia nacional y casi no podría decirse que logramos alguna vez con cierta regularidad, tener un Tribunal cimero, técnico, impoluto, afín a los conciertos políticos de la Nación pero no sumisos, que cumpliera con la misión que la Constitución le encomienda a sus autoridades: afianzar la Justicia.

Guardo en lo personal un grato recuerdo, de mis tiempos de estudiante, de analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la dorada época de recuperación de la democracia. Sus fallos sobre derechos individuales, su liberalismo conceptual y la jerarquía de sus miembros (Carrió, Bacqué, Fayt) han marcado positivamente la historia jurídica de nuestro País. Pero no ha sido la regla, lo normal.

Una historia de deslegitimación

No es ajena a su crisis de legitimidad su historia jurídica no recordada, que arrastra por ejemplo, doctrinas lamentables como aquella de 1930 que avalara los gobiernos de facto y que se retomara en 1966 (las penosas dictaduras que han marcado nuestra involución institucional), la que rechazara sistemáticamente habeas corpus durante el proceso de 1976/83, o más aquí los fallos afines a las necesidades políticas y económicas de los gobiernos de turno y que motivara, hace algunos años un lapidario juicio político a sus integrantes, por la denominada “mayoría automática” (2003/2005).

Solo luego de este proceso, y recuperado cierto prestigio, con la nominación de nuevos magistrados (2006), la instauración de un mecanismo participativo previo para la postulación mediante el conocido decreto N°222/03, se logró otra breve etapa de florecimiento jurídico y de solidez institucional (parte de la mejor jurisprudencia de DDHH es de esta parte de su historia). Etapa que fue reconducida y mantenida en estos años, no sin alguna disonancia (los últimos dos jueces se nombraron “en comisión” en el año 2015, luego reparado), para tener el Tribunal que tenemos hoy, y que es el que afronta esta dura etapa de falta de legitimidad y confianza, como el mismo Presidente de Corte Carlos Rosenkrantz le llama, y que no ha liberado iniciativa alguna de solución profunda. Lo ha hecho ahora otro Poder del Estado, el Ejecutivo, y se avizora una fuerte discusión en el Parlamento Argentino, luego del trabajo de esa comisión. Bienvenido todo debate.

Las reformas: una oportunidad histórica

Los temas que comienzan a conversarse son de los más variados y bien conocidos: el recorte de su trabajo masivo (en 2019, por ejemplo la Corte dictó 7.246 sentencias, dando resolución a 29.263 causas) que así no puede seguir, el acceso a su jurisdicción por una vía menos arbitraria (art. 280 CPCC), su ampliación y división en Salas (harto cuestionable), las audiencias públicas y los amigos del Tribunal (novedades parcialmente reglamentadas por acordadas), una instancia previa vía Cámaras de Casación regionales. Una lista abierta.

Sobre estos temas la Corte ha guardado pertinaz silencio. Alguna vez, estimo, el Tribual debiera dejar de ser un convidado de piedra en el debate sobre su funcionamiento institucional. De hecho, ayer, su Presidente ha estado ausente y de alguna forma demuestra el nudo interés en el debate abierto y participativo que se propone. Entiendo que ha perdido la oportunidad, el momento, el tiempo, de promover reformas no sólo desde adentro de la Corte hacia abajo (la Pandemia ha inmovilizado al Tribunal), sino especialmente desde adentro hacia afuera, allende los muros de lo que configura un mundo que se percibe cerrado, endógeno, desconocido, elitista y sobre el que pesa un agudo desprestigio, de entre todas las instituciones de la Nación.

«Que no se diga que no es la oportunidad, el modo, el tiempo o que sería inconveniente en el contexto de Pandemia dar algún debate sobre este Poder del Estado».

Concluyo con lo siguiente: que no se diga que no es la oportunidad, el modo, el tiempo o que sería inconveniente en el contexto de Pandemia dar algún debate sobre este Poder del Estado. Nunca es el peor momento, para resolver una situación malsana, cuando esto es posible, si se sacan las anteojeras ideológicas, se deponen los intereses corporativos o simplemente se liberan las tensiones de cristal. Ni la mezquindad intelectual por no componer el elenco de convocados, justifica cascotear la integridad, el pensamiento o la buena fe de los involucrados. Todo es opinable. Si creemos en los procedimientos participativos, creemos en ellos todo el tiempo. O no creemos. Todo sea posible para intentar al menos, torcer la historia de una deslegitimación creciente.

Fuente: LaGaceta