Investigan un fraude de más de $46 millones con subsidios

Dos juzgados federales tienen bajo la lupa los pagos realizados a una empresa norteña. Entes del transporte quedaron en capilla por liquidaciones que se remontan hasta 2015.

Con concesiones caducadas y servicios que operan con permisos precarios en distintas localidades de la provincia desde hace varios años, el sistema de transporte público de pasajeros se prestó a grandes inequidades y serios desmanejos.

En distintos juzgados federales y provinciales se investigan millonarias defraudaciones con subsidios y compensaciones estatales, falsificaciones de documentos públicos, incumplimientos de deberes y cohecho.

En un contexto de crisis y desorden, el funcionamiento de los servicios y el desempeño de los organismos de control están bajo la lupa de la Justicia. Varios expedientes penales, en los que se reitera el nombre de una empresa norteña, Transporte Urkupiña, encuentran a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) mal parada a la vista de fiscales, jueces y de una sociedad cansada de ver malgastados fondos públicos.

Dos juzgados federales investigan a la empresa de colectivos norteña por millonarios subsidios nacionales que percibió hasta octubre de 2018 por las líneas interurbanas Tartagal-

Salvador Mazza (5); Salvador Mazza-Tartagal-General Mosconi (5A) y Orán-La Ramadita.

De las tres, según causas que se tramitan ante los jueces federales Carlos Martínez Frugoni (Tartagal) y Miguel Medina (Salta), solo en una (la 5) la empresa acreditó una efectiva prestación de los servicios. Lo hizo en noviembre de 2018, con una declaración jurada que presentó ante la AMT, en cumplimiento a la resolución 201 del organismo de control.

Por la citada resolución las empresas de colectivos de jurisdicción provincial quedaron obligadas a declarar todos los recorridos en los que tenían efectiva prestación de servicios, a abril de ese año, para revalidar los permisos. En la declaración jurada de Urkupiña, brillaron por su ausencia las líneas Orán-La Ramadita y Salvador Mazza-Tartagal-General Mosconi (5A), las que la empresa tenía declaradas ante el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco de la resolución 939/14, para el cobro de los subsidios nacionales (SISTAU, CCP y Cupo de Gasoil).

Aunque la AMT tomó conocimiento de la cuestionada situación de las dos líneas en noviembre de 2018, poco o nada hizo para corregirla. Por el contrario, desde enero de 2019, cuando quedó a cargo de las compensaciones que reemplazaron a los subsidios nacionales (CST y Gasoil) las siguió liquidando por las tres líneas e incluso aumentó el cupo de combustible subvencionado para Urkupiña de 79 mil a 106 mil litros.

Sumas millonarias

Desde abril hasta diciembre último, según liquidaciones realizadas por la AMT, las compensaciones que percibió Urkupiña con fondos nacionales y provinciales (CST y Gasoil) se mantuvieron en el orden de los $7.298.857 mensuales.

De acuerdo con planillas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las dos líneas en la que se denunció la falta de prestación efectiva de servicios representarían cerca de un 36% del total.

En un descargo escrito, que publicó El Tribuno el 3 de julio de 2019, la empresa aseguró que el 71% de los subsidios recibidos se correspondían con la línea Tartagal-Salvador Mazza, el 27% a la línea Salvador Mazza-Tartagal-Mosconi y el restante 2% a la línea Orán-La Ramadita.

Aun con lo que afirmó Urkupiña, la AMT debió considerar las sanciones previstas por la resolución 201, notificar las inconsistencias al Ministerio de Transporte de la Nación, intimar a la empresa por los servicios no prestados y ajustar las compensaciones en $2.116.669 mensuales.

Solo por 2018 deberían habérsele descontado $21.166.690, atento a que en los meses de noviembre y diciembre la firma estuvo penalizada por falta de consolas de GPS en sus unidades y no recibió subsidios.

A lo largo de 2019, la AMT le liquidó a Urkupiña en presunto exceso otros $25.400.028, con el agravante de que en abril de ese año uno de sus directores, Reinaldo García Gambetta, denunció la falta de prestación de las líneas Salvador Mazza-Mosconi y Orán-La Ramadita ante el fiscal federal Eduardo Villalba. De hecho, en el descargo publicado en este diario tres meses después, la empresa manifestó que había dejado de prestar el servicio Orán-La Ramadita a fines de 2017 por el mal estado de los caminos y la baja afluencia de pasajeros. Con estos antecedentes, el fiscal Villalba promovió acciones por una presunta defraudación contra la administración pública que solo en los últimos dos años habría ascendido a una suma cercana a los $46,5 millones.

El Juzgado Federal de Tartagal, ante una denuncia de la Cámara de Transporte de Salta, investiga puntualmente la falta de prestación de la línea Orán-

La Ramadita desde 2015, por lo que el monto de las liquidaciones indebidas de subsidios del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), Compensación Complementaria Provincial (CCP) y Cupo de Gasoil a precio diferencial podría ser todavía más elevada.

La nueva gestión de gobierno, junto a la pendiente regularización contractual de los servicios de colectivos urbanos e interurbanos, recibió una brasa caliente en la distribución y liquidación de los subsidios.

Fuente: ElTribuno