Impecable

Interesante reflexión: El delito del aborto en Argentina

Los argumentos para estar a favor de la vida son muchos. Solo hay que leer un poco

ABORTO, del latín «ab-ortus», es la privación del nacimiento. El aborto provocado constituye un delito penal consistente en causar la muerte de una persona humana, en su etapa embrionaria o fetal, esto es, desde la concepción hasta el momento de su nacimiento, el cual se inicia con el comienzo del parto, por vía natural o cesárea. Nuestro derecho positivo (art. 86 del Código Penal) solamente contempla dos supuestos de abortos «no punibles» o «impunes»: 1) «Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios» (aborto terapéutico), cuya «no punición» tiene como fundamento la «vida» de la madre; y 2) «Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente» (aborto eugenésico), cuya «no punición» tiene como fundamento el perfeccionamiento de la especie humana, evitando el nacimiento de hijos con defectos mentales, psíquicos o físicos, lo cual, si bien era acorde con algunas ideologías imperantes en 1921 (v. gr., fascismo, nazismo, positivismo penal, etc.), es indiscutiblemente aberrante en la actualidad, máxime después de la reforma constitucional de 1994, que vino a precisar y reforzar la garantía y protección de la vida humana desde el momento de la concepción.

DIFERENCIA CON EL HOMICIDIO (VIABILIDAD FETAL)

El que induce un parto o practica una cesárea, prematuramente y sin necesidad, que causa la muerte de una persona humana, según los casos, comete el delito de ABORTO o de HOMICIDIO. Será ABORTO en caso que no exista «viabilidad fetal», es decir, que no exista ninguna posibilidad para el feto de sobrevida extrauterina. Será HOMICIDIO en caso que sí exista «viabilidad fetal», es decir, una mínima posibilidad de sobrevida extrauterina y la muerte se produzca después de iniciado el parto o la cesárea. No hay duda, de acuerdo a la ciencia (porque todos los órganos, aunque inmaduros, ya están funcionando) y a la experiencia (por los numerosos casos registrados de supervivencia), que a partir de la semana 23 de gestación hay «viabilidad fetal» (la cual distintas fuentes estiman en un 20%).

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El principio de SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL (art. 31, CN), pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, establece que la Constitución Nacional es la «norma jurídica suprema» y que, por lo tanto, ninguna constitución provincial, ley, decreto, ordenanza, protocolo, circular o cualquier otra «norma jurídica inferior» puede contradecirla, pues, en tal caso la noma inferior queda fulminada y es absolutamente nula por inconstitucional. De otra manera, la Constitución Nacional no tendría ningún sentido como ley suprema y norma básica de convivencia, pudiendo cualquier poder constituido alzarse contra los principios, declaraciones, derechos y garantías en que se funda la Nación Argentina. Dicho esto y dentro de la estructura jerárquica de normas, el Código Penal sigue en jerarquía a la Constitución Nacional y, mientras no sea modificado o derogado, no existe ni «despenalización del aborto», ni «legalización del aborto», ni «interrupción legal del embarazo» (ILE), expresiones que tienen como único fin confundir a la sociedad e imponer como normales, por vías de hecho ante el fracaso de las vías institucionales (ley del Congreso), conductas delictuales que violan flagrantemente la Constitución Nacional y el Código Penal.

VALOR RELATIVO DE LAS SENTENCIAS (CASO «FAL»)

Por lo demás y concretamente, ante la invocación obcecada del fallo FAL de la CSJN, cabe precisar que en nuestro «sistema republicano» las «sentencias» son normas «particulares» y no «generales» como las «leyes», de manera que solamente tienen efectos vinculantes en el caso concreto, y en los otros, eventualmente, poder de convicción moral. Si la Corte pretendiese atribuirse el papel del Congreso, dictando normas generales, estaría rompiendo las bases del «sistema republicano» al invadir una esfera de atribuciones propias y exclusivas de otro poder (Poder Legislativo). Desde otra perspectiva, en FAL la CSJN relega la VIDA -bien jurídico protegido de máximo valor- ante otros bienes de menor jerarquía como la LIBERTAD de decisión, con el argumento de que nadie puede obligar a otro a un sacrificio extraordinario y exorbitante. Está claro que en la balanza de la Justicia solamente una VIDA es igual a otra VIDA, y que la LIBERTAD es un bien jurídico subalterno a la VIDA: ¡SIN VIDA NO HAY LIBERTAD!

Autor: Benjamín Moisa.