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Hay muchos ñoquis: Concejales ponen bajo la lupa las designaciones en la Cooperadora

El bloque del FpV solicitará información sobre los empleados contratados y planta permanente. El director del organismo reconoció que un 38% del presupuesto se destina a sueldos.

La denuncia de Claudia Serrano en la última sesión del Concejo Deliberante no pasó desapercibidas. La concejala del Partido de la Victoria habló sobre la presencia de “ñoquis” en la Cooperadora Asistencial de la ciudad de Salta, mientras que las autoridades, por su parte, dicen desconocer esa situación.

Para avanzar y ratificar sus dichos, el bloque del Frente para la Victoria requerirá un pedido de informe a dónde le solicitará a la Cooperada una nómina con los empleados contratados y de planta permanente que allí se desempeñan.

“No vengo a solucionar un tema de muchos años, pero vengo a dar el puntapié para que esto deje de pasar”, dijo Serrano a LA GACETA y sostuvo que desde la última sesión recibió muchos cuestionamientos por parte de gente que teme al debate de ese tema.

Lejos de alejar las dudas, el presidente de la Cooperadora, Pablo Outes, optó por desconocer la denuncia de la representante vecinal. “No estaba al tanto de lo que dijo”, dijo el contador después de una reunión que mantuvo con diputados provinciales, ayer en la Legislatura.

Pese a negar los dichos de Serrano, el funcionario municipal reconoció que el músico Willy Campero, uno de los apuntados por la edila, forma parte de la Cooperadora Asistencial que posee más de 200 empleados.

En el encuentro que mantuvo con los legisladores provinciales, Outes también reconoció que un 38% del presupuesto anual (370 millones de pesos) se destinan a los sueldos del personal.

Una causa en la Justicia

En octubre del año pasado, los administradores de la Cooperadora también habían sido cuestionados por su labor. En aquella oportunidad, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical acudió a la Justicia para denunciar a los titulares del organismo por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” y “asociación ilícita”.

La acción judicial surgió como consecuencia de un pedido de informe que la Cámara de Diputados solicitó a la Cooperadora por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La respuesta que enviaron desde la Cooperadora demuestra ciertas inconsistencias en el manejo de los recursos, que según establece la Ley 5.335, deben destinarse a la satisfacción de las “distintas necesidades prioritarias sanitarias y sociales de la población”.

Fuente: La Gaceta

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