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El Tribunal Electoral no quiere informar cuánto dinero recibió cada partido

A pesar de tratarse de información pública, el organismo encargado de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, hace oídos sordos a los pedidos.

El Gobierno de la Provincia dispuso una importante cantidad de fondos públicos para que los distintos frentes políticos pudieran afrontar los gastos de sus campañas. Sin embargo, esa información resulta casi confidencial para el Tribunal Electoral de Salta.

En el mes de agosto, Juan Pablo Finquelstein, secretario Electoral de Salta, había asegurado que el Estado tenía previsto distribuir 35 millones de pesos para las Elecciones Primarias del 6 de octubre y para las generales del 10 de noviembre, en concepto de “Aportes Públicos de Campaña”.

En ese momento, el funcionario público había asegurado a LA GACETA que parte de ese dinero se distribuiría en partes iguales entre todos los competidores y los fondos restantes se dividirían en función de los votos obtenidos por cada fuerza política en las diferentes categorías de la última contienda electoral.

Esta manera de distribución no es azarosa, es lo que estipula la legislación electoral vigente. El artículo 42 de la Ley 7.697 establece que el cincuenta por ciento (50 %) del monto asignado por el Presupuesto se distribuirá “en forma igualitaria entre los partidos y/o frentes electorales que participen de la elección”. Mientras que el otro cincuenta por ciento (50 %) del monto asignado por el Presupuesto se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general para la misma categoría. En el caso de alianzas o frentes electorales se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general para la misma categoría».

“Son fondos para hacer campaña y cada fuerza definirá qué es lo mejor para tal afecto. Sea cuál sea su uso cada fuerza debe rendir cuentas a la Auditoria Electoral”, indicó Finquelstein en agosto.

Los dichos del secretario electoral se fundamentan también en el artículo 44 la normativa que rige en la provincia. Allí se establece que “las fuerzas políticas receptoras de los aportes públicos de campaña, deberán obligatoriamente presentar la rendición de los gastos cancelados, dentro de los treinta (30) días de concluida la elección, bajo apercibimiento de perder el derecho de recibir aportes de la Provincia, por el término de dos (2) años. Dichas rendiciones serán presentadas ante la Auditoría General de la Provincia, las que una vez aprobadas deberán ser comunicadas al Tribunal Electoral”.

En reiteradas oportunidades, este medio solicitó datos precisos sobre cómo fue la distribución entre los distintos frentes y partidos políticos y cuánto dinero recibió cada uno, pero no hubo respuestas.

A nivel nacional, la publicación de dicha información estuvo a cargo de la Dirección Nacional Electoral, ente que dio a conocer los montos distribuidos por fuerzas políticas en las distintas instancias que atravesó el proceso de votación.

Fuente: LaGaceta

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