Salta

El Distrito Judicial del Norte, en Tartagal, está envuelto en una larga y grave crisis

Hay denuncias cruzadas entre jueces y funcionarios del Ministerio Público y unos gendarmes que declararon haberse sentido coaccionados por el fiscal Penal de Salvador Mazza.

Denuncias cruzadas e impugnaciones por enemistades manifiestas entre jueces y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la justicia provincial; oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina que dicen haberse sentido «coaccionados e intimidados» por un fiscal Penal con jurisdicción en la siempre caliente zona de frontera; y otra denuncia en el ámbito Federal contra los mismos oficiales, esta vez por parte del fiscal, por el supuesto delito de falsificación de documento público.

La situación que las agencias encargadas de administrar justicia viven en el norte de Salta es insostenible, dado el enfrentamiento entre funcionarios que deben actuar, precisamente, en una zona donde la inseguridad asociada al delito es moneda corriente.

En ese contexto, el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, elevó a juicio una causa que tiene como imputado al fiscal Penal con jurisdicción en Salvador Mazza, Armando Jorge Cazón, a quien lo acusa de «Extralimitación ilegítima de funciones» (artículos 246 y 149 Bis) y «coacción» prevista en los artículos 45 y 55 del Código Penal en perjuicio del comandante de Gendarmería Gustavo Manuel Aranda y el Alférez Williams Rovert Sosa, ambos efectivos del escuadrón 61 con asiento en la localidad fronteriza.

En el pedido de remisión a juicio del expediente 76.601/16 que tiene como imputado a Cazón, el juez Astigueta -a instancias del fiscal Gonzalo Vega que instruyó la causa- se refiere a supuestos hechos en los que el fiscal de Salvador Mazza habría ordenado al comandante Aranda, quien se desempeñaba como jefe del puente internacional y al alférez Sosa, quien lo secundaba en esa función, que le otorguen la libertad a ocho personas -en diferentes fechas a partir del año 2015- sobre las que pesaba pedido de captura ordenada por diferentes juzgados de Tucumán, Jujuy y Buenos Aires.

Según Aranda y Sosa, transcurrido un determinado tiempo, Cazón, insistentemente -primero a modo de pedido pero después con tono amenazante- les ordenó que se hicieran responsables ellos mismos de haber tomado la decisión de liberar a estas 8 personas sobre las que pesaban sendos pedidos de captura por diversos delitos cometidos en otras provincias argentinas.
Al declarar ante el fiscal Vega, en una causa que tiene tantos grises, los oficiales de la Gendarmería Nacional mostraron un perfil que para nada se condice con la actitud de oficiales de una fuerza federal que se desempeñan en puntos estratégicos como es el puente internacional que une San José de Pocitos, Bolivia, con Salvador Mazza, en Argentina.

En primera instancia, ambos aceptaron que Cazón nada tenía que ver en la liberación de las ocho personas que ingresaron por el puente Salvador Mazza – Pocitos entre los años 2015 y 2017 y que fueron liberadas en ese mismo lugar.

Pero en una segunda declaración, ambos aseguraron haber sido «intimidados y coaccionados» por Cazón para realizar esa primera declaración, pero que en realidad el agente fiscal era el responsable de tan controvertida decisión.

El relato de los gendarmes es difícil de sostener: son hombres de una fuerza federal acostumbrados a lidiar con el delito y quienes, ante la mínima duda, recurren a la cadena de mando (jefe de Escuadrón u otro superior), antes de tomar una decisión tan arriesgada.

Dudas y recusaciones

Luego de las actuaciones, el juez de garantías Fernando Mariscal Astigueta elevó a juicio la causa donde el único imputado es Cazón y solicitó que el Jury de Enjuiciamiento suspenda su inmunidad para ponerlo en un pie de igualdad con cualquier ciudadano.
El Jury de Enjuiciamiento, que preside el presidente de la Corte de Justicia de la Provincia, Guillermo Catalano, ya se reunió para analizar el tema y le corrió traslado a Cazón, quien por su parte puso en conocimiento del Jury un recurso de nulidad que meses atrás había interpuesto, por otra causa en la que Mariscal Astigueta y Cazón habían participado y desde la cual ambos funcionarios mantienen un virulento enfrentamiento. Es el caso de una niña wichi abusada por un grupo de criollos.
Por denuncias cruzadas en ese momento, dado que ambos se culpan de no haber aportado todos los elementos de prueba en el caso que tomó gran trascendencia en los medios, Cazón recusó a Mariscal por enemistad manifiesta, pero el juez de Garantías rechazó dicha recusación y siguió adelante con la causa de los liberados y los gendarmes. Cazón recurrió entonces a la Sala Cuarta del Tribunal de Impugnación, oficina que todavía no resolvió.