Desde el IPV admitieron que no hay tierras ni viviendas

Cientos de personas están asentadas en la zona sur de la ciudad, esperando que el Gobierno de la Provincia les ofrezca terrenos para vivir con dignidad.

El presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo, admitió ayer que «en la actualidad no hay terrenos disponibles para un tipo de desarrollo urbano». El funcionario manifestó que tampoco hay viviendas para las más de 11 mil familias inscriptas con carpetas actualizadas en el organismo.

Desde el miércoles por la noche, hay cientos de personas asentadas en un espacio fiscal del loteo de Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad. A pesar de las noches frías y húmedas, en las que no pudieron dormir, planean quedarse hasta que la Provincia les ofrezca soluciones concretas a su falta de acceso al derecho a la vivienda.

«Solo nos quedan los terrenos que trabajamos en Pereyra Rozas», expresó Carrizo. Allí se están terminando de construir casas ya adjudicadas.

El presidente del IPV reconoció que en la ciudad ya no hay tierras públicas para desarrollar barrios y que la única posibilidad que le queda a la Provincia es comprar terrenos privados. El último barrio que coordinó el IPV fue Los Paraísos, en el municipio de Cerrillos, que se entregó a fines de 2018.

El funcionario anunció que el viernes por la tarde mantuvo una conferencia con referentes de otras provincias y con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, para empezar a avanzar sobre el Plan Argentina Construye, un programa federal de inversión pública, que se lanzó hace 10 días.

Contó que primero se trabajará con organizaciones sociales y cooperativas con proyectos subsidiados. Luego, se avanzará con créditos Procrear para viviendas de hasta 60 metros cuadrados y, por último, se buscará desarrollar infraestructura.

Todo, por una casa

Desde hace más de tres días, en el descampado de Parque La Vega, hay hombres, mujeres y niños que viven bajo carpas y gazebos, con la esperanza de obtener respuestas oficiales.

Oficialmente, aún no se relevó cuántas personas son. Los delegados del asentamiento aseguraron el jueves que eran 600, y ayer, que ya superaban las mil. Se organizan por medio de ollas populares para cubrir el desayuno, el almuerzo y la merienda.

El Estado se hizo presente solo a través de la Policía, de un fiscal y de un mediador, para evitar un desalojo mediante el uso de la fuerza pública. Mientras tanto, los vecinos dicen que cuentan con un documento oficial para que no los repriman.

María (nombre ficticio) contó que vive en barrio Lamadrid, en una casa alquilada junto a su pareja y su madre. Son trabajadores informales y, por la cuarentena, están con muy pocos ingresos. No dan abasto para pagar el alquiler. Por las redes sociales se enteraron de la ocupación y decidieron sumarse con la ilusión de conseguir un terreno para vivir.

Ellos saben que el lugar en el que están es inundable y que no podrán construir allí. Sin embargo, es la forma que encontraron para expresar su necesidad y se quedarán allí mientras la Provincia les asigna tierras habitables en otro lugar.

«No queremos que nos regalen nada, sino que nos den la oportunidad de tener un terreno y pagarlo según nuestras posibilidades», expresó la mujer.

Los vecinos trabajaban ayer en un listado de las personas que necesitan tierras, para entregarlo al IPV.

Por una solución pacífica

A partir de la toma de terrenos, intervino el fiscal penal 3, Pablo Paz, quien promovió una audiencia de mediación entre los representantes de las familias que se asentaron y funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes y del IPV para tratar de lograr un acuerdo entre las partes y evitar el uso de la fuerza pública.

La reunión, que comenzó el jueves pasado, continuará esta semana. Las familias se comprometieron a relevar la situación de cada persona para informar a los organismos correspondientes. El viernes se supo que parte de las tierras cercanas a Parque La Vega son inhabitables porque están sobre un canal. El resto es un espacio que debía destinarse a construir un centro de salud.

“No es seguro”

El secretario de Tierra y Bienes, Esteban Carral, explicó que parte de la tierra donde se asentaron las familias es “de uso institucional”: allí debería haber un centro de salud. En el terreno restante no se puede construir nada porque está ubicado sobre un canal.

“Se entiende la necesidad de la gente, pero no es un lugar seguro y creo que no van a poder quedarse mucho tiempo más”, señaló.

Fuente: ElTribuno