Argentina

Daniel Scioli se defendió en la Justicia mediante un escrito: «Nunca he recibido dádivas»

Está acusado de darle obras públicas a un empresario que le alquilaba un inmueble.

El ex gobernador bonaerense y actual diputado Daniel Scioli cumplió este jueves con la entrega de un escrito de descargo en la causa por lavado de activos que tramita la fiscalía de Álvaro Garganta, pero cumplida esa formalidad queda a un paso de comparecer antes de fin de año en un juicio oral por ese y otros presuntos delitos como violación de los deberes de funcionario público.

La indagatoria respondió a una citación de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. La Justicia provincial trata de establecer un presunto negociado entre el ex gobernador con contratos de obra pública por 117 millones de pesos a una empresa.

Esa firma concesionaria, Miller Building, alquilaba un predio en Villa La Ñata, la quinta en el Tigre donde habita Scioli, y garantizaba en el intercambio remanentes de plata ilegal varias veces millonarios.

¿Qué puede pasar con Scioli?
Llegará al juicio oral como imputado procesado en la causa.

Llegado el caso deberá comparecer ante el tribunal de la sala correspondiente para dar testimonio de sus actos, entre ellos por la presunta responsabilidad penal en el delito de violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias.

La causa que involucra al ex candidato presidencial del kirchnerismo está vinculada con la construcción de 8 Unidades de Pronta Atención (UPA), otorgada a Miller Building.

¿Probada la comisión de delito terminaría en la cárcel? No.

​Ninguna medida cautelar, como la prisión preventiva, puede aplicarse al procesado. El tribunal no podría someterlo a coerción. Ampara a Scioli su ejercicio como diputado nacional, “en representación del pueblo”.

Para resultar pasible de sanción penal en forma coercitiva de su libertad, el Congreso de la Nación debería disponer su desafuero en sesión especial, tal como sucedió con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ahora preso.

Toda esta previsión legal no impide que la Justicia evolucione con el expediente y pueda resolver la culpabilidad del ex gobernador. Pero, apelaciones mediante de sus abogados defensores, recién quedará a disposición plena de la demanda del juicio en 2021, si no es reelecto como legislador.

El fiscal Garganta lleva adelante, además, una megacausa que investiga las supuestas «cajas negras» durante la gestión sciolista, que se inició con una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

El documento completo

Este jueves por la mañana Scioli argumentó largamente sobre su inocencia. Este texto presentó:

«En el día de la fecha ejercí mi derecho a la defensa en el marco de esta investigación preparatoria. He desmentido detallada y pormenorizadamente cada una de las imputaciones que se me formularon».

«Como resumen de lo expuesto, enumero brevemente: 1) TODAS las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de TODOS los Organismos de la Constitución (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia) y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad. No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado».

«Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi periodo como Gobernador, como se me imputa haberlo hecho».

«Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes, no me encontraba en Villa La Ñata».

«Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona».

«La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial. Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación».

«Jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo».

«Es mi deber como hombre de la democracia responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existieran».

Como queda citado en el escrito, el ex gobernador y candidato de Unidad Ciudadana es investigado por 78 vuelos con el helicóptero del proveedor Ricardo Miller, presidente de Miller Building.