Tristisimo

Bonadio envió a juicio oral la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina, ex funcionarios y empresarios

Dio por terminada la instrucción del cuerpo principal del mayor expediente por corrupción en las últimas décadas. La ex presidenta está acusada de haber dirigido una asociación ilícita para recaudar sobornos.

El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”, es decir sobornos y se le atribuyeron 28 hechos de cohecho pasivo. Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores. Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Bonadio volvió a pedir el desafuero de la Senadora. Entre los empresarios se encuentra Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros, todos acusados sólo de cohecho.

De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, ​entre ex funcionarios y empresarios. El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo. Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo «Wado» de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y a los empresarios Sergio Szpolski.

En uno de los artículos de la resolución a la que accedió Clarín, Bonadio volvió a requerir al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para «cumplir con la prisión preventiva dispuesta».​

Esta clausura de la investigación y elevación a juicio, incluye a Isidro Bounine, Juan Manuel Campillo, Sergio Todisco, Carolina Pochetti, y otros integrantes del entorno de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), acusados de lavado de dinero por la adquisición de bienes en el exterior.

En este expediente considerado la “causa madre” -ya que hubo seis desprendimientos más-, la semana pasada el magistrado dio por corroborados los dichos de 31 arrepentidos: “habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas», afirmó Bonadio.

En diciembre de 2018, la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex Presidenta por dirigir una asociación ilícita, del delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​ Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió que la senadora vaya a juicio, señaló que era igual responsable de 40 hechos de cohecho.

La acusación con la que se hizo la elevación a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadio en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades». En ese marco, se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «recaudación de coimas» que inició con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora.

En consecuencia, se determinó que la ex mandataria «tenía conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita». En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una «comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal», los distintos funcionarios intervinientes «operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria».

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la administración pública, «para procurar la afluencia de dinero». Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte, donde funcionarios. Según la acusación, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones «estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos» y la finalidad de todo fue «enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos».

Tal como pidió el fiscal Carlos Stornelli en la elevación a juicio, el juez señaló que se dio por corroborada la existencia de una «asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».

En este sentido, indicó que la asociación ilícita fue comandada por «Néstor y Cristinas Kirchner» en su rol de presidentes de la Nación. Y que el dinero era «entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 (donde vive la Senadora actualmente), en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».

Según la acusación, la maniobra fue organizada por Julio De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal), Roberto Baratta (ex- Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), «quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos».

Por este motivo, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva.

Respecto al rol del ex chofer Oscar Centeno, pese a sus reiterados pedidos de ser sobreseído, irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer «arrepentido» en el expediente y es parte del programa de imputados protegidos.

El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. «El sistema estribaba básicamente en una serie de «puntos fijos de recaudación», en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos «puntos fijos» se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el «pase» de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas», detalló el juez.

Así, los empresarios -entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Alberto Taselli, Eduardo Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Héctor Zabatella, Néstor Otero, Aldo Roggio, entre otros- irán a juicio sólo acusados de cohecho. El ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens afrontarán la instancia oral bajo la de organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra.

 

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